Presidente dispone medidas para combatir invasión de propiedades privadas y del Estado

Santo Domingo, RD.- El presidente Luis Abinader dispuso una serie de medidas para prevenir y perseguir las invasiones y ocupaciones irregulares de las propiedades privadas y del Estado, mediante el decreto 668-22.

La normativa dispone de manera particular que los extranjeros que sean debidamente procesados serán expulsados conforme a las atribuciones constitucionales del jefe de Estado para ello.

Igualmente, no podrán regresar al país, para lo cual se dieron instrucciones a una serie de órganos como el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración y la Policía Nacional. 

Algunas de las medidas adoptadas consisten en la creación de una unidad especializada en la Policía Nacional para la prevención y persecución de las invasiones, así como ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado.

En el mismo tenor, se instruyó al ministro de Interior y Policía y al director general de la institución del orden, Jesús Vásquez Martínez y Eduardo Alberto Then, respectivamente, para procedan con la persecución y sometimiento a la justicia de aquellos extranjeros que participen de este tipo de acto.

En relación a los inmigrantes, para los que se compruebe la comisión de las violaciones de propiedad privada, también pidió al director general de Migración, Venancio Alcántara, ejecutar su expulsión del país.

Respecto a esta última medida, se dispuso por igual que el Ministerio de Relaciones Exteriores ordene a los consulados de la República Dominicana establecidos en los países de origen de los ciudadanos extranjeros que incurran en la violación de la ley que señala el presente decreto, a establecer un registro particular.

Esto con el propósito de que estos ciudadanos no puedan optar jamás por ningún tipo de visado o permiso de entrada al territorio de la República Dominicana, así sea en calidad de turista o de residente.

El decreto resaltó que es de alto interés para la presente Administración la preservación de la seguridad nacional y el orden público, así como la protección del derecho de propiedad consignado en el artículo 51 de la Constitución de la República.

Asimismo, señaló que el gobierno dominicano ha luchado durante años por asegurar la efectiva tutela del derecho de propiedad, que resulta hoy en día particularmente relevante para fortalecer la seguridad jurídica, por lo que deben tomarse todas las medidas necesarias para impedir las ocupaciones irregulares o invasiones.