Defensa de Rondón busca hoy demostrar su inocencia en caso Odebrecht
Santo Domingo, RD.- La defensa del imputado en el caso Odebrecht, Ángel Rondón, inicia hoy el discurso de cierre de sus alegatos con el que busca convencer a las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de su inocencia.
José Miguel Minier, quien encabeza la barra, Emely Rodríguez y Fernán Ramos intentarán demostrar a las juezas Gisell Méndez, Tania Yune y Jisell Naranzo que no existen pruebas del Ministerio Público para condenar a su cliente.
Rondón ha reiterado en varias ocasiones que en el tribunal no existen pruebas que lo puedan condenar, por lo que proclama su inocencia.
Los abogados del empresario también buscarán que las juezas rechacen la solicitud del Ministerio Público de ordenar el decomiso de los bienes de su cliente a favor del Estado.
Entre estos bienes se encuentran apartamento en torre, solares, cuentas bancarias en dólares y pesos, certificados de inversión y otros tipos de productos financieros.
Los abogados tendrán seis días a partir de hoy para desarrollar sus alegatos finales y, luego de concluir, el tribunal dará paso a la defensa de los otros cinco imputados.
Una vez concluido esto, se retirará a deliberar para decidir si son inocentes o culpables de los cargos que se les imputan.
Ministerio Público
Este martes, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) concluyeron en su discurso de cierre pidiendo al tribunal que declare culpables procesados y que, en consecuencia, sean sentenciados de 5 a 10 años de prisión.
En la audiencia pidieron a los jueces imponer a Rondón y al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.
En cuanto al exsenador Tommy Gálan, al expresidente del Senado Andrés Bautista y a Roberto Rodríguez, exdirector del exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA), que sean sentenciados a cinco años de prisión y al pago de 200 salarios mínimos cada uno.
Además de estos, también está acusado el abogado Conrado Pittaluga Arzeno. A los seis se les imputa haber participado en la recepción y distribución de los US$92 millones que la constructora brasileña admitió haber entregado en el país como sobornos para ser favorecida con la adjudicación de grandes obras estatales.
