PEPCA revela mafia que presuntamente funcionaba con el proceso de compras en la PGR

Santo Domingo. – En la adquisición de alimentos para los privados de libertad del Sistema Penitenciario se crearon grupos que tenían indicaciones de establecer quiénes no podían ganar las licitaciones para la compra de la comida de la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo a la orden de allanamiento presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), entre los miembros de este entramado están Rainiery Elizabeth Medina Sánchez, exencargada del almacén de la institución, y Mercedes Camelia Salcedo, excoordinadora Administrativa del Modelo Penitenciario.

El documento indica que estas realizaban visitas a las cárceles para verificar que las entidades participantes no cumplían con los requisitos y se les instruía desaprobar, tomando como parámetro temas como la iluminación y la limpieza.

Otro de los involucrados en el proceso de compras irregulares era Francis Ramírez Moreno, extécnico de Compras, quien según la PEPCA manejaba los procesos fraudulentos del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, conjuntamente con Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Johnatan Loanders Medina Reyes, Amelia Isabel Escaño Mieses, Altagracia Guillen, e Isis tapia.

Por otro lado, Rafael Stefano Canó Sacco, quien era jefe de gabinete de la PGR, benefició a través de la empresa “Soluciones Integradas Mazur Báez, EIRL” a su socio Daniel Elías Manzur Báez, mediante órdenes de compras por varios millones de pesos que fueron emitidas por la PGR.

Esto es considerado por la PEPCA como una “gran estafa”, puesto que Rainiery Medina declaró que esta no prestó ningún servicio, pero cobró aproximadamente RD$50,000,000 y que a ella le hicieron repetir la solicitud alrededor de 5 veces porque ellos siempre querían algo diferente.

En ese orden, Medina Sánchez, en solicitud de Medina Reyes, Mercedes Marte, Altagracia Guillen y Ramírez Moreno, realizaba entradas irreales mediante facturas de productos que no llegaban o estaban incompletos al almacén de la Procuraduría, siendo esto parte de la “maniobra” de Javier Alejandro Forteza Ibarra, director de Tecnología de la Información.

Forteza Ibarra emitía certificaciones de unos supuestos equipos que entraban a dicho departamento, siendo esto falso. Dichas certificaciones también ocurrían con mercancías y materiales de construcción, donde Altagracia Guillen resultó beneficiada con materiales comprados por la PGR, pues esta hizo arreglos en bienes de su propiedad.

Por otro lado, Amelia Isabel Escaño Mieses, exencargada del Departamento de Compras y Contrataciones, utilizó su función para su provecho y de familiares, con productos y equipos comprados con los fondos de la institución. Rainiery Medina creaba las facturas a nombre de empleados para ser utilizados discrecionalmente.

Igualmente, Ronny Concepción, excoordinador Operativo del Departamento de Servicios Generales, y Altagracia Guillen, colocaban una mayor cantidad de personal del que iban a utilizar para una determinada actividad con fondos que debían ser para dietas y traslados.