Tribunal desestima apelación interpuesta por Alfredo Mirambeaux y ratifica coerción a imputados caso Gavilán
Santo Domingo, RD. La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional desestimó este martes el recurso de apelación interpuesto por Alfredo Mirambeaux Villalona. Este es uno de los cinco imputados que cumplen prisión preventiva por su vinculación en el caso Gavilán. También ratificó la medida de coerción impuesta el pasado mes de agosto por la Oficina Judicial de Atención Permanente.
La magistrada Rosalba Garib, presidenta y los magistrados Teófilo Andújar y Delio Germán, componen el tribunal que conoció el recurso con el que Mirambeaux Villalona buscaba la variación de la medida impuesta.
Cuántos antecedentes borró la red
De acuerdo con el Ministerio Público, el procesado participó en la red que borró y alteró registros de antecedentes penales a 16,958 personas. Esta red la desmanteló la Operación Gavilán, a principios del mes de agosto.
Mirambeaux Villalona es uno de los cincos implicados en este proceso judicial y cumple prisión preventiva por 18 meses. Esto es como medida de coerción impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En la audiencia de apelación, al Ministerio Público lo representaron los procuradores fiscales Andrés Mena y Sourelly Jáquez.
Detalles de la operación Gavilán
Con la Operación Gavilán, el Ministerio Público presentó cargos preliminares en contra una red de fiscales, empleados administrativos y policías. Estos se dedicaron durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.
En la operación que desmanteló la red criminal participó un equipo de fiscales en conjunto con unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Ellos realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís. Así operaron en contra de los integrantes de esta estructura delictiva.
Con la eliminación de antecedentes penales que ejecutó esta red criminal, se beneficiaron sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol. Otros por secuestro. Esta estructura llegó al extremo de que personas recluidas, con condenas de hasta 30 años de prisión, figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias y armas de fuego. También vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.
El grupo fue sometido a la justicia por los delitos que figuran en los artículos 59, 60, 123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
Así como también, por la violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública, los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Y por el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.
