Procuradora responde a críticas de asesor del Presidente

 SANTO DOMINGO.- La procuradora general Miriam Germán Brito aseguró este miércoles que el hacinamiento de la Penitenciaría Nacional de La Victoria comenzará a resolverse cuando el Estado termine de readecuar el complejo ubicado en Las Parras, Guerra.

La reacción de Germán Brito se debe a la denuncia que hizo el asesor del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad ciudadana y sistema penitenciario, Roberto Santana, de que el personal técnico de la Procuraduría son los responsables de que la cárcel de Las Parra no este funcionando y que el encargado de seguridad de la penitenciaría de La Victoria recibe siete millones de pesos semanales.

“Sin embargo, todos tenemos que estar muy claros, y así incluso nos lo llegó a plantear el Poder Ejecutivo a través de su asesor en la materia, que esas obras, que se inauguraron sin estar concluidas, habían sido sobrevaluadas y, además, tenían que ser debidamente readecuadas”, indicó.

En un comunicado de prensa, la procuradora dijo que en su gestión han avanzado algunos pasos en interés de readecuar el recinto de Las Parras para buscar solución al hacinamiento de La Victoria.

«Pero, como siempre respetamos los procedimientos legales, una vez que los órganos de persecución del Ministerio Público desarrollaron la Operación Medusa, la cual incluía a la denominada como Nueva Victoria, vimos el imperativo de esperar a que el complejo sea auditado debidamente por la Cámara de Cuentas, porque, como todos sabemos, forman parte de un expediente de corrupción bajo investigación”, enfatizó la magistrada Germán Brito.

En tanto que, ponderó el esfuerzo realizado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), dirigida por Rodolfo Valentín Santos, al elaborar y presentar su “Informe de las condiciones de detención y de prisión 2021”, enfocado en que el sistema penitenciario del país supere los males que arrastra desde hace décadas

Agradeció la copia del informe que le remitiera el martes de esta semana Valentín Santos, con quien mantiene una comunicación fluida sobre los retos que debe superar el sistema penitenciario.
Dijo que, en interés de que el país y sus diferentes instancias estatales tomen conciencia sobre la necesidad de invertir recursos para mejorar las condiciones de los privados de libertad, la gestión que encabeza, tal como lo reconoce Valentín Santos, mantendrá siempre una vía de cooperación con entidades como la ONDP, la Defensoría del Pueblo, que dirige Pablo Ulloa, los miembros del Congreso y entidades religiosas y de Derechos Humanos.

Germán Brito recordó que el sistema penitenciario alberga a más de 27,000 privados de libertad en 44 recintos, 19 del denominado modelo tradicional. “Desde que llegamos a la Procuraduría General empezamos a visitar las cárceles y nos dimos cuenta de que el denominado Nuevo Modelo que se estuvo desarrollando, aunque positivo en la práctica, propiciaba una situación de inequidad para algunos privados de libertad del sistema tradicional que podían tener espacio en los recintos reformados”, indicó Germán Brito.

Recordó que con la Ley 113-21, promulgada el año pasado y que regula el Sistema Penitenciario y Correccional en República Dominicana, el país se encamina al establecimiento de un solo sistema carcelario. Además, el Consejo Superior del Ministerio Público inició el proceso de aplicación de la legislación, mediante la creación del Gabinete de Asuntos Penitenciarios, que encabezó el procurador de corte de apelación Jonathan Baró Gutiérrez.

“Aunque con el inicio de la aplicación de la ley el gabinete cesaba en sus funciones, nuestra gestión quiso que los responsables del sistema penitenciario siguieran desempeñando sus responsabilidades para poder enfrentar, de manera más efectiva, las carencias que ya tenían identificadas, porque siempre hemos querido aportar soluciones”, indicó.

Ponderó el hecho de que las autoridades, así como toda la sociedad dominicana, está entendiendo la necesidad de invertir mayores recursos para, por ejemplo, lograr que todos los recintos sean vigilados por un solo cuerpo de seguridad y administrados por una entidad distinta al órgano persecutor.