Diputado PRM dice PLD y FP quieren que el MP sea dirigido por políticos
Santo Domingo. – El diputado al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Liz, criticó que el PLD y la Fuerza del Pueblo quieren evitar que sea reformada la Constitución y aseguró que intentan que el Ministerio Público sea dirigido por políticos.
A traves de un comunicado, el legislador indicó que ese es el proposito de la oposicion por su incapacidad o falta de voluntad en perseguir los actos de corrupción con la que se caracterizaron sus gobiernos.
Afirmó que la reforma constitucional sometida por el Poder Ejecutivo tiene como objetivo fundamental garantizar la independencia del Ministerio Público y así tener una justicia alejada de toda intención política.
“Con esta reforma constitucional el presidente Luis Abinader busca dar cumplimiento a una promesa de campaña de garantizar un Ministerio Público independiente y autónomo que ha de ejercer sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, sin privilegios y así permitir que exista un verdadero régimen de consecuencia en la que se castigue a los corruptos, sin importar su jerarquía” explicó Liz.
Señaló que las actuales autoridades que encabezan el Ministerio Público no responden a ninguna parcela política, pero que fueron designadas por voluntad libérrima del presidente de la República, lo que con esta reforma constitucional busca evitar que el ministerio público sea designado por el poder ejecutivo, sino por un método que quede establecido en la carta magna.
“Al Ministerio Público independiente hay que darle un rango constitucional, para evitar que un partido político en un momento determinado pudiese designar a sus allegados el manejo del órgano persecutor y así evitar que los funcionarios que cometan algunos casos de corrupción administrativa puedan recibir un régimen de consecuencias” manifestó el diputado perremeísta.
Precisó que el presidente Luis Abinader busca garantizar que el Ministerio Público cumpla con el reclamo social de perseguir la corrupción y el crimen organizado, en la que exista un régimen de consecuencia, a fin de poner fin a la corrupción administrativa.
