Acusan una dominicana en Boston por fraude de US$300.000 al Departamento de Trabajo.
NUEVA YORK._ La dominicana Raquel Peña (no es la vicepresidenta), residente en Lawrence, Massachusetts fue acusada en la Corte Federal del Distrito de Boston por un fraude de $300.000 dólares que cobró al Departamento de Trabajo como beneficios por desempleo.
Los fiscales dicen que Peña, de 40 años de edad, usaba las identidades falsas de numerosas personas incluyendo las de su ex esposo, novio y el novio de una hija suya.
Está acusada de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y robo de identidad agravado.
Fue liberada con una fianza de $250.000, se le ordenó usar un dispositivo de monitoreo GPS y el juez le prohibió abrir cuentas bancarias o reclamos de desempleo, entre otras condiciones.
La fianza de $ 250,000 fue garantizada por una casa propiedad de Peña situada en el en 41 de la calle Market en Lawrence.
Peña presentó reclamos fraudulentos por desempleo utilizando información de identificación personal de otras personas, incluidos nombres, números de seguro social y direcciones, según una declaración jurada presentada por la agente del FBI en Boston, Andrea Sciolino.
«Peña reclutó a conocidos para recibir el producto de las reclamaciones fraudulentas en sus cuentas bancarias, retirar todo o una parte de esos fondos y entregar el efectivo a Peña”, escribió la agente federal.
La investigación supuestamente conectó a Peña y sus cómplices con más de $300.000 en reclamaciones de desempleo entre mayo de 2020 a marzo de 2021.
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (Ley CARES) creó un programa de seguro de desempleo federal temporal llamado Asistencia pordesempleo pandémico (PUA). PUA es administrado por el Departamento de Asistencia de Desempleo de Massachusetts, brinda beneficios de seguro de desempleo a las personas que no son elegibles para otros tipos de beneficios de desempleo, incluidos los trabajadores por cuenta propia, los contratistas independientes o los trabajadores de la economía informal.
Algunos de los pagos que Peña cobró excedieron los $5,000.
Un pago a un residente de Lawrence por $917 aparece como evidencia en el caso. Peña está acusada también dedecirle a la persona que recibió ese pago que inmediatamente sacara todo el dinero y lo guardara.
“No lo deje en el banco», le dijo.
En noviembre, como parte del caso de Peña, la agente del FBI de Boston entrevistó a un hombre en Puerto Rico que dijo que nunca trabajó ni vivió en Massachusetts, que nunca solicitó beneficios por desempleo y que no conocía a Peña.
Pero uno de los pagos figura a su nombre con una dirección en la calle Lowell en Methuen (Massachusetts).
Peña, originaria de República Dominicana, está acusadaademás de llevar una libreta con los nombres, números de seguro social, direcciones y otras informacionespersonales de las personas a nombre de las que solicitó los pagos de beneficios.
Se le imputa de trabajar con un ex compañero de cuarto, un ex novio y el novio de una hija en el plan, añadieron los fiscales.
Los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico prevén una sentencia de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $250.000 dólares.
El cargo de robo de identidad agravado establece sentencia obligatoria de dos años de prisión que se cumplirá consecutivamente a cualquier otra sentencia impuesta, un año de libertad supervisada y una multa de $250.000 dólares.
