Miriam Germán juzga ilícita la conducta que han mostrado los miembros de la Cámara de Cuentas

Con el abru­mador pe­so que car­ga sobre sus hombros en la lucha contra la corrup­ción, la procuradora gene­ral Miriam Germán siente que hay muchos escollos por delante especialmen­te porque hay organismos “renuentes” a dar las infor­maciones claves en las in­vestigaciones.

Puso como ejemplo en este contexto el caso de la Cámara de Cuentas, cuyos miembros , según ella, han incurrido en “conductas ilícitas”.

Sin el andamiaje de se­guridad que le cabe ante la envergadura de los casos que esta maneja, la procu­radora general de la Repú­blica sacó un tiempo ayer, domingo, para ir sola has­ta Listín Diario.

Quiso traer un mensa­je de solidaridad con mo­tivo del Día del Periodista, obsequiándole al director, Miguel Franjul, la segunda edición del libro “La evolu­ción de las pandemias”, de la auditoría de David Qua­mmen.

Cuando le fue pregunta­do si se considera una pro­curadora independiente, respondió con un “sí”, y a si el presidente Luis Abinader interfiere en el Poder Judi­cial, respondió con un “no”.

Miriam Germán fue, además, preguntada so­bre si cree que hay una jus­ticia independiente, qué tan difícil es enfrentar la corrupción administrati­va, principales escollos en­contrados a su llegada a la Procuraduría, y en torno al nuevo Centro de Corrección Las Parras, donde serán lle­vados los internos de la Pe­nitenciaría Nacional de La Victoria.

Sobre la Cámara de Cuentas, Germán Brito juz­gó “ilícita” la conducta que han mostrado los miembros de ese organismo.

En torno a la justicia in­dependiente, la magistrada dijo que aunque fue el pre­sidente Abinader quien la designó, hasta ahora no ha recibido la primera insinua­ción de él respecto a deter­minado caso bajo investiga­ción, o en litigación.

Respecto a la corrupción, admitió que existen varios escollos que afectan la per­secución de la corrupción administrativa, citando, en­tre estos, a organismos que tienen la obligación de ser­vir determinadas informa­ciones y se muestran re­nuentes a cooperar con el Ministerio Público.

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