Miriam Germán: “Nunca permitiría actuar contra la libertad de expresión”
La procuradora reafirmó su compromiso con la prensa y conversó de temas relacionados con el Ministerio Público
“Yo respeto a la prensa, he respetado a la gente de los medios de comunicación”, manifestó ayer la procuradora general de la República Miriam Germán Brito, en un acto en donde reafirmó que sus funciones en el Ministerio Público concluyen el próximo 16 de agosto.
En un encuentro con directores de medios de comunicación y líderes de opinión, programado desde hace semanas y que coincidió con el momento en que la institución está bajo el escrutinio público debido a un comunicado que pudo interpretarse como una amenaza a la libertad de expresión, Germán reafirmó su compromiso su compromiso con la libertad de expresión y la prensa.
“Nunca permitiría actuar en contra de la libertad de expresión, pues conozco en carne propia la importancia que ésta reviste para la salud de nuestra democracia”, manifestó al destacar que siempre ha tenido una relación de respeto con la gente de los medios.
Describió que su carrera por más de 40 años en el sistema de justicia ha estado marcada por la honestidad y la transparencia, y que con eso mismo asumió la Procuraduría General de la República, por lo que su única aspiración es dejar una institución fortalecida conforme a las exigencias del estado democrático, social y de derecho del país.
“Agradezco la oportunidad de expresar este compromiso con la libertad de prensa y mi profundo respeto por el papel que desempeñan los medios de comunicación y los comunicadores en nuestra sociedad. Espero que podamos continuar transitando juntos el camino de la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia en nuestro país” manifestó.
La procuradora general reconoció que el comunicado de la institución en el que se hace referencia a que se tomarían medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos no estuvo redactado de manera adecuada.
Explicó que como cabeza de la institución, las cosas y decisiones de los órganos operativos se conversan con ella, que es ella la que da su punto de vista pero no es la que dirige el área operativa del Ministerio Público. “Y no es que allá haya isla pero yo tampoco puedo ser la mujer maravilla que está controlándolo todo”, aclaró.
Reforma y designación del procurador
A Germán Brito se le preguntó cuál podría ser su opinión si el presidente de la República Luis Abinader le propusiera continuar al frente del órgano responsable de la política criminal de Estado y la persecución penal.
“Es una hipótesis que no quiero aventurarme a responder. Mi posición yo la he fijado y hay un elemento a tomar en cuenta, y son, como se dice en mi pueblo, los 75 años que tengo en las costillas”, respondió.
Al ser abordada respecto a la necesidad o no de una reforma constitucional para establecer la forma de designación del procurador de la República y si este debe seguir siendo designado por el Poder Ejecutivo, la también exjuez de la Suprema Corte de Justicia manifestó que hay cosas que se pueden lograr, sin que necesariamente pasen por una reforma constitucional.
Enfatizó no estar de acuerdo con que el procurador sea designado por el Ejecutivo y que se han planteado varias propuestas respecto al modo en que tendría que ser.
“Para mí, lo mejor no es que se haga del Ejecutivo. Debe ser por otro órgano y esto no implica una crítica a este Ejecutivo ni implica desconocer la forma en que ese Ejecutivo se ha comportado conmigo”, sentenció.
Acuerdos y criterios de oportunidad
Al abordar lo relativo a los acuerdos a los que ha llegado el Ministerio Público mediante los criterios de oportunidad, la procuradora defendió su aplicación desde el concepto de que además de ser legales, contribuyen a dar con los responsables de las estructuras criminales.
Mirna Ortiz, directora de litigación del Ministerio Público, enfatizó que no es cierto que las personas con las cuales llegaron a un tipo de acuerdo en la denominada operación Calamar se hayan salido con la suya, pese a que no van a ser sancionadas penalmente.
“En este caso, no hay una consecuencia penal. No van a recibir una condena”, explicó al destacar que sí hay una declaratoria de culpabilidad y unos términos que varían según el caso.
“Yo he visto por ahí un acuerdo que se le atribuye a la Procuraduría General de la República, y no lo encuentro, y sencillamente no lo encuentro porque no existe. Allá no se ha hecho ningún acuerdo que implique que tú me vas a pagar haciendo tal obra, eso no corresponde ni lo hemos hecho nosotros”, respondió la magistrada Germán al destacar que hay que distinguir que la función del Ministerio Público es muy diferente a la de los que persiguen intereses civiles del Estado.
“No puede ser que a nosotros se nos atribuyan cosas que no son nuestras. Que pueden haber salido de los que persiguen los intereses civiles del Estado, que yo no censuro, pero que no son nuestras”, aclaró respecto a los tipos de acuerdos que puede haber en los procesos judiciales.
No se investiga Odebrecht 2.0
La procuradora manifestó que no están llevando a cabo la investigación Odebrecht 2.0 como habían anunciado al inicio de su gestión pero que no puede o no debe revelar las razones por las cuales dieron marcha atrás.
De igual modo, informó que la procuraduría ha de recibir más dinero de Odebrecht como parte del acuerdo que se había arribado, sin embargo, no se ha definido de manera puntual, en qué se invertirán.
“Los recursos no se están utilizando alegremente”, refirió.
En el encuentro, la prensa también le cuestionó respecto a la percepción que se tiene de que los expedientes instrumentados solo son de exfuncionarios del gobierno pasado.
La procuradora explicó que cada proceso tiene una manera de manejarse y una que no es de hoy para mañana.
“Quizás haya parte de razón en que muchos han tardado más de lo que deben pero tampoco podemos poner en microondas, las cosas y por ejemplo, puede que sean más los de gobiernos anteriores pero hay que medir los años de esos gobiernos y los de estos”, dijo al citar que la diputada Rosa Pilarte es del Gobierno y fue condenada en primer grado.
