Dictan 18 meses de prisión preventiva a 7 de 8 imputados en caso Gaviota
Santo Domingo, RD.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este miércoles 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra siete de las ocho personas arrestadas mediante la Operación Gaviota, acusadas de estafar por más de RD$3,000 millones a cientos de personas.
La prisión preventiva es contra Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna Del Cristo Amparo de Jiménez, William Félix Esquez D’ Óleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Yunior Ariel Espinosa Martínez.
Mientras que a Lucia Martínez Colón se le impuso garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Según el órgano acusador, el entramado liderado por Rafael Martínez Bautista, a través de la empresa Investor Winner, seducía a persona a través de las redes sociales e iglesias para que invirtieran recursos en mercados de valores electrónicos a cambio de rendimientos mensuales de entre un 10 % y un 30 %, pago que solo hacían con puntualidad durante los primeros meses.
Las imputadas irán al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres.
Forma en que operaban implicados en operación Gaviota
Los imputados reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real es menor al 15 % de lo captado.
Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales. Los estafadores usaban estos fondos para pagar a los inversores que se unieron antes, mostrando una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados para hacer creer que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.
Hacían creer a los estafados que contaban con permisos de las autoridades reguladoras, como la Superintendencia del Mercado de Valores o la Superintendencia de Bancos. Dicha información fue posteriormente desmentida por estos órganos.
