Ven ha habido «desbordamiento de campaña» sin ningún respeto
Participación Ciudadana advirtió en un informe presentado este jueves sobre los principales retos a afrontar de cara a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de 2024 una vez concluido el periodo de precampaña, cuyos plazos han sido incumplidos por diversas formaciones.
La organización señaló, como principales desafíos, la aplicación, por primera vez, de los preceptos legales destinados a controlar los gastos en campaña, así como el seguimiento de los gastos y actuaciones gubernamentales que pudieran ofrecer ventajas al partido en el poder y sus candidatos.
También aludió a la aplicación de todos los mecanismos disponibles, por parte de las autoridades y la población, para impedir que personas acusadas de corrupción, negocios ilícitos y otras violaciones a las leyes sean elegidas para puestos gubernamentales.
INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
Según Participación Ciudadana, el país «ha presenciado el desbordamiento de la precampaña en todos los ámbitos, sin ningún respeto por los plazos establecidos» por la Junta Central Electoral (JCE), proceso cuyo inicio se dispuso para el primero de julio del año anterior a las votaciones con una duración de tres meses.
En este sentido, la organización lamentó que «la JCE decidiera no imponer su autoridad para lograr el cumplimiento de la ley en lo relativo a las campañas a destiempo».
Como consecuencia, los periodos de precampaña y campaña han aumentado «bajo un contexto de rebeldía, gasto desbordado y debilidades de la autoridad electoral», con una de las campañas más largas del mundo que sobrepasará el año y medio (de octubre de 2022 a mayo de 2024), con el consecuente costo económico, «la ausencia de transparencia y la ineficacia de los controles del gasto de los partidos y candidatos».
«No es posible determinar con cierto grado de precisión los costos del periodo de precampaña», en el que «varios partidos y candidatos realizaron marchas, caravanas, fiestas, reuniones y miles de actividades propias de una campaña electoral y que implican un fuerte gasto».
GASTO EN PROSELITISMO
Las vallas son uno de los mecanismos de propaganda más usados, según se desprende del monitoreo llevado a cabo en la primera semana de septiembre en las principales carreteras del país y avenidas de varias ciudades, donde se contabilizaron 2,294 vallas de promoción política.
El 53.75 % correspondía al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), un 23.32 % era del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), un 18.09 % del Partido Fuerza del Pueblo (FP) y el restante 4.84 % correspondía a siete partidos minoritarios.
En cuanto al gasto gubernamental con fines electorales, el presidente Luis Abinader ha manifestado reiteradamente que no van a usarse recursos públicos para la campaña.
Sin embargo, lo observado en procesos electorales previos muestra que en años preelectorales y electorales suben los gastos gubernamentales en renglones íntimamente relacionados con lo electoral, como el costo en publicidad gubernamental, en programas sociales, empleo gubernamental y obras públicas de corto plazo, como el asfaltado de calles.
Este año para publicidad e impresión está presupuestado un monto de 9,595 millones de pesos, superando en un 51 % los 6,375 millones de pesos gastados en 2022, sin que haya ocurrido algún acontecimiento especial que lo justifique, indicó la entidad, que recordó el reciente anuncio de Abinader de la compra de asfalto por valor de 11,200 millones para obras que se ejecutarán en plena campaña electoral.
ELECCIONES INTERNAS
Participación Ciudadana también analizó las elecciones internas de los partidos como sistema para designar a sus candidatos, refiriéndose concretamente al PRM y la Fuerza del Pueblo.
Sobre el partido oficialista afirmó que «se han beneficiado con la intención del voto personas vinculadas al narcotráfico, al lavado de activos, señaladas por temas de corrupción y por violencia de género», presentados como candidatos o posibles aspirantes.
De FP indicó que está presentando como candidato oficial para alcalde de Santo Domingo Este a Julio Romero, vinculado a violación a menores de edad.
JUNTA Y TRIBUNAL ELECTORALES
También aludió al papel de la JCE, llamando la atención sobre tres aspectos deficientes en el trabajo del órgano electoral, empezando por la falta de planificación del voto de los dominicanos en el exterior para las primarias del PRM.
Asimismo, aludió a la tardanza en la comprobación de la operatividad de los equipos que se usarán en las elecciones y a la ausencia de acciones por parte de la Dirección de Control Financiero de los Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, instrumento para controlar el uso ilegal o no transparente de los fondos que reciben partidos y candidatos.
Participación Ciudadana también hizo seguimiento a los trabajos del Tribunal Superior Electoral (TSE), que hasta el 16 de septiembre dictó 17 sentencias relacionadas con las elecciones, incluyendo los procesos internos para la definición de precandidaturas y candidaturas.
Asimismo, advirtió de que la creación de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales no ha sido establecida y hasta la fecha no se ha designado al procurador electoral adjunto o a los fiscales electorales provinciales y del Distrito Nacional.
