Diplomáticos denuncian despidos irregulares en presente Gobierno
La Unión de Diplomáticos de Carrera de República Dominicana (Udicard) denunció este miércoles la cancelación de alrededor de un centenar de miembros del gremio por parte del Gobierno de Luis Abinader, situación que ya han expuesto ante tribunales competentes del país y organismos internacionales.
El presidente de la entidad, Rafael Hernández, afirmó en rueda de prensa que esos funcionarios «fueron cancelados violándoles sus derechos humanos fundamentales. Sin ningún motivo, sin ningún juicio disciplinario por haber cometido o no faltas en el desempeño de sus funciones».
Esos trabajadores «tienen un derecho adquirido por ley para ser funcionarios de carrera» en el servicio exterior de República Dominicana y «los derechos adquiridos son imprescriptibles», afirmó, pero se procedió a su despido mediante decretos del Ejecutivo Nacional bajo la rúbrica de Abinader.
«Ningún decreto presidencial, ninguna autoridad suprema de República Dominicana puede, con un decreto, pasarle por encima a una ley fundamental que está consagrada en la Constitución de República Dominicana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos», apuntó.
Según Hernández, se produjeron cancelaciones «masivas» al inicio del mandato de Abinader en medio del «período excepcional declarado así por la Organización Mundial de la Salud producto de la pandemia de covid-19».
Incluso funcionarios diplomáticos que «estaban en licencias médicas, muchos con enfermedades catastróficas, fueron despedidos y cancelados sin pensión, sin liquidación, sin vacaciones, sin incentivos, nada. Tirados a la calle como bolsa de basura. Inservibles», dijo.
Ante esa situación, un grupo de 110 personas apartadas de sus puestos por la actual administración inició un proceso en los tribunales competentes, como el Superior Administrativo, en los que «estamos teniendo sentencias favorables todos y cada uno de los diplomáticos cancelados».
Sin embargo, el Gobierno está llevando a casación, ante la Suprema Corte de Justicia, todas las sentencias que le ordenan «reponernos en nuestros puestos y pagarnos todos los salarios atrasados» y, al ratificar ese tribunal el dictamen, «Cancillería sigue utilizando la táctica dilatoria para llevar a revisión al Tribunal Constitucional nuestros casos», agregó.
Además, el 10 de octubre la Udicard se dirigió al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para denunciar al Gobierno dominicano y a su canciller, Roberto Álvarez, por supuestamente violar diversos artículos de la Declaración Universal.
También denunciaron «las notorias prácticas dilatorias puestas de manifiesto en el orden interno al desacatar las sentencias en las que se ordena los reintegros y donde se evidencia la ilegalidad con la que se procedió mediante ‘decretos’ el Ejecutivo Nacional bajo la rúbrica del presidente Luis Abinader».
El mismo día se depositó formal denuncia ante el Comité de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) «por la violación flagrante y no acatamiento por parte del Gobierno dominicano de los convenios internacionales ratificados por República Dominicana».
Al inicio de su exposición, el presidente de Udicard afirmó que «la cancelación de un trabajador público» genera una serie de perjuicios y sufrimientos que comparó con el bombardeo de un hospital en el norte de Gaza que el martes dejó centenares de muertos y heridos, pues, argumentó, en los dos escenarios los responsables «han creado dolor, desolación, violación de derechos humanos de personas inocentes».
