Relación oposición y JCE se agria a 9 meses de comicios
Los encontronazos entre la JCE y los partidos de oposición se han vuelto más frecuentes en la medida que se acercan las elecciones.
La decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de ratificar su decisión que prohíbe los mítines y caravanas radicaliza los partidos de oposición frente al órgano electoral que se quejan porque supuestamente los miembros del pleno no atienden sus peticiones.
La resolución de la reserva del 20% de las candidaturas, fue otra razón de los choques entre la JCE y los partidos de oposición. El factor común, en los últimos dos encontronazos, es que las medidas de la JCE encuentran apoyo en el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) y rechazo de las principales organizaciones de oposición.
Los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) han coincidido en las últimas críticas al árbitro electoral.
Las organizaciones opositoras se quejan además de que supuestamente no son escuchadas por el pleno del organismo y afirman que siquiera convoca a las audiencias públicas que antes eran frecuentes.
En el caso de la limitación a las actividades proselitistas que primero se hizo mediante un comunicado de admonición y el pasado lunes se convirtió en la resolución 53/23, la voz política que más fuerte se ha expresado es la del candidato presidencial y líder de la FP, Leonel Fernández, que ha advertido que si es necesario encabezará marchas para defender el derecho a la libertad de expresión y de reunión consagrados en la Constitución de la República, pero que serían vulnerados por la disposición del órgano electoral.
Legisladores opinan
Los legisladores de distintas bancadas dieron su opinión sobre la decisión de la JCE de limitar el proselitismo con base en la ley 33/18 y Electoral 15/19.Gustavo Sánchez indicó que el PLD no está desafiando la Ley de Régimen Electoral sino que exige que se aplique igual para todos los partidos políticos.
El legislador dijo que tanto el órgano de elecciones como el Ministerio Público “tienen un ojo tapado; solo ven para un lado” y “la paja del ojo ajeno”.
Comentó que ha visto con algún nivel de preocupación que la JCE haya ratificado su decisión de multar por el proselitismo a destiempo, pero “si ellos son justos”, quien podría ser más perjudicado es el PRM, porque son los que más propaganda política hacen.
El vocero del PRM en el Senado, Alexis Victoria Yeb, explicó que la Ley de Régimen Electoral es clara, pero que se juzga de acuerdo con la posición política de la persona. Recordó a la oposición que violentaron de forma permanente el pasado proceso electoral, cuando existía la Ley 15-19.
“Los que estamos respetando mayormente somos nosotros, los que estamos en el Gobierno; los que estamos respetando correcta o incorrectamente, porque ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional y yo estoy totalmente de acuerdo que si empieza una precampaña y está el sistema de encuesta, debe de abrirse, pero hay una Ley, entonces lo que debemos (de hacer) es cambiar la Ley o ver la situación que hay”, manifestó.
El senador de Hermanas Mirabal de la Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas, dijo que la decisión es contraria a la Constitución. Señaló que el partido verde asume como bueno y válido para realizar actividades públicas dos sentencias del Tribunal Constitucional y una del Tribunal Superior Electoral, en el sentido de que el órgano comicial no le puede prohibir la posibilidad de reunirse públicamente ni de publicitar.
Lo que dice la JCE para tomar la decisión
La JCE aprobó el lunes la resolución 53-23 en la que reiteró a los partidos políticos abstenerse de realizar mítines, marchas, caravanas y divulgación de propaganda electoral o, de lo contrario, serán sancionados. De acuerdo con el artículo 308 de la disposición, serán sancionados con el pago de 200 salarios mínimos “las organizaciones políticas, los candidatos y candidatas, sus representantes o jefes de campaña, que organizaren manifestaciones, mítines a reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral proclamada por la Junta Central Electoral y después del cierre de esta”. Contrario a lo que dice la JCE, los partidos de oposición afirman que la medida es un desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional. “Ratificamos nuestra posición entregada de manera formal en fecha del 14 de agosto del 2023; en virtud de que las prohibiciones contenidas en el comunicado a todas luces vulneran derechos fundamentales y desconoce, por completo, decisiones que han emitido el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional”, dice la instancia sometida por las organizaciones de oposición ante la JCE en dos ocasiones ante la insistencia del órgano de mantener las prohibiciones.
