Que los motociclistas están involucrados en el mayor número de accidentes de tránsito y de muertes en carreteras es archisabido, pero el tema ha retornado a los primeros planos y genera alarma a raíz de dos informes: uno de “World of Statistics”, que sitúa a República Dominicana como el país con mayor tasa de mortalidad en el mundo causada por accidentes de tránsito (65 por 100 mil habitantes), y el otro del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) que indica que el 68.7 de los accidentes fatales involucra a motocicletas.

Una situación calamitosa, un problema de salud pública y por tanto de Estado, que necesita correctivos diferentes a los que se aplican, porque tiene muchos años.

Esta vez las reacciones de las autoridades vuelven a dejar mucho que desear porque pareciera que no tienen intención de enfrentar de lleno esta tragedia, y la tocan de soslayo con explicaciones como que disminuyeron las muertes de 1.55 % en 2022 respecto al 2021, porcentaje insignificante si atendemos que el segundo lugar en la lista mundial lo tiene Mozambique con 41 por 100 mil habitantes, diferencia que nos coloca “sembrados” por mucho en el deshonroso primer lugar.

Más justificación y ganas de desviar la atención es cuando las propias autoridades alegan que si sacamos el componente “motores” de las muertes en accidentes viales, estaríamos entre los de menos muertes, porque solo el 7.5% involucra automóviles y la mortalidad en yipetas es de apenas 2.5%.

Un renglón en el que las autoridades tiraron la toalla es el Plan de Registro de Motocicletas, que permitió identificar, con muchos esfuerzos y varios plazos de por medio a 841,259 motociclistas de un total de 3,063,704.

Lo preocupante, con 2.2 millones de motocicletas que circulan sin registro, es la afirmación de Hugo Beras, director del Intrant: la identificación es el paso previo a fiscalizar para sancionar a quienes cometan infracciones de tránsito. Por tanto, agrega: “No se puede actuar, sancionar ni establecer un régimen de consecuencias”.

O sea, no pueden siquiera identificar y regularizar el parque de motocicletas, una simple medida que daría más control sobre estos vehículos tan asociados también a diversos delitos.

Algo habrá que hacer, como dice el pueblo, con el “muerto ahorita”.

Las autoridades no debieran rendirse, sino asumir que su función no es solo comunicar cifras trágicas y mucho menos tratar de sacar el problema de la ecuación.