América Latina y la UE deben crear estrategia conjunta contra el narcotráfico
Santo Domingo (EFE).- América Latina y la Unión Europea (UE) deben elaborar una estrategia conjunta contra el narcotráfico, la corrupción y el lavado de activos que incluya medidas legislativas y acciones positivas encaminadas a luchar eficazmente contra estos fenómenos delictivos.
Esta fue una de las conclusiones del Seminario Internacional «Follow the money: Nuevas Modalidades contra el Narcotráfico y el Blanqueo de Dinero», en el que participaron en formato presencial y virtual, más de 500 personas de Italia, Perú, El Salvador, Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, España y República Dominicana.
Los participantes coincidieron en que la producción, tráfico y consumo problemático de drogas presentan una preocupante tendencia general al alza como el aumento de las superficies de cultivo, incautaciones y disponibilidad, aumento de la pureza, precios más baratos y un aumento continuo de nuevas sustancias psicoactivas.
«Esto muestra sus efectos dentro de la región y hacia el destino de los principales mercados de Europa y el norte de América, los cuales presentan una dinámica de demanda sólida y sostenida, incluso a lo largo de las restricciones impuestas durante la pandemia del covid-19», explicaron en el documento final.
El encuentro llamó a implementar una cooperación cada vez más estrecha con el sistema bancario y las actividades profesionales, incluidos el sector financiero y las profesiones contables, y una mayor transparencia en este ámbito.
Esto con el fin, en particular, de definir los instrumentos informáticos y las medidas legislativas, administrativas y contables que garanticen la trazabilidad de los flujos financieros y la detección de los fenómenos delictivos, y de determinar los procedimientos para informar de cualquier actividad delictiva; también a través del fortalecimiento de la inteligencia financiera.
La reunión de dos días en Santo Domingo también planteó fomentar la reutilización de los productos del delito incautados con fines sociales como, por ejemplo, destinándolos a las víctimas y a las comunidades que han quedado «devastadas» por la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, y a utilizarlos para financiar la lucha contra la delincuencia.
