¿Cuáles son los cuatros imputados del caso Calamar que esconde el Ministerio Público?

El Ministerio Público hoy depositó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de prisión preventiva contra 20 imputados que fueron apresados durante la Operación Calamar.

En este proceso judicial están involucrados exfuncionarios de primera línea cuando Danilo Medina fue presidente de la República. El grupo está acusado de supuestamente pertenecer a un entramado de corrupción que distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos.

El órgano persecutor solo reveló los nombres de 16 personas. Sin embargo, mantiene bajo reserva a cuatro personas.

Solo han trascendido los nombres de Gonzalo Castillo, excandidato a la presidencia por el PLD, y exministro de Obras Públicas y José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia. Además de Donald Guerrero, exministro de Hacienda.

Además de los tres ex ministros, se encuentran detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia del Distrito, el abogado Ángel Lockward, excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; y el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.

También el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.

Los nombres de las otras cuatro personas que conforman el total de 20 detenidos, no fueron suministrados por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

La procuradora Mirna Ortiz, coordinadora de litigación del Ministerio Público, luego que salió de depositar la solicitud de medidas coercitivas, dijo que el órgano persecutor cuenta con más de 1,200 elementos de pruebas contra los encartados en el caso.

Ortiz sostuvo que están en la etapa inicial del proceso y no descarta que a medida que se desarrolle el caso haya nuevos apresados por supuestas vinculaciones en la red criminal.

La fiscal indicó que además solicitan que el caso sea declarado complejo y que están preparados para demostrar ante el tribunal que la medida idónea para los apresados es la prisión preventiva.

De acuerdo al expediente, el entramado de corrupción distrajo más de 19 mil millones de pesos y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.