Diecinueve detenidos en nuevo operativo anticorrupción

En procedimiento fueron arrestados los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta

La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitaría este lunes medida de coerción contra el excandidato a la presidencia, exministro de Obras Públicas, exministro administrativo de la Presidencia, exministro de Hacienda y otras doce personas detenidas mediante la Operación Calamar.

Contra Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, quienes fueron detenidos tras ser convocados a la Procuraduría General de la República, se prevé, además, que se solicite al Tribunal de atención Permanente del Distrito Nacional declaratoria de caso complejo debido a que según el órgano investigador es un caso de alto nivel de complejidad de un entramado de corrupción que distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos.

Se les imputa de incurrir en los delitos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.

Además de los tres exministros, se encuentran detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia del Distrito, el abogado Ángel Lockward, excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.

Los nombres de las otras tres personas que conforman el total de 19 detenidos, no fueron suministrados por la Pepca.

A excepción de los tres exministros y del abogado Lockward, que se presentó ayer en la mañana ante la Pepca, las demás personas fueron arrestados la noche del sábado en medio de 40 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.

De acuerdo con datos de la investigación iniciada en el año 2021 y que la PEPCA remitió a la jueza del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero el año pasado: “Bajo las instrucciones del ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cuales hemos identificado que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas”, se indica.

Visita de familiares y abogados

Luego de ser trasladados hacia el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, los implicados en la Operación Calamar recibieron la visita de familiares y abogados.

Aunque no se detuvieron a hablar con la prensa, los allegados de los imputados acudieron a la fiscalía en las primeras horas de la mañana de ayer para llevarles ropa y comida, y conocer su estado.

Mientras que letrados como Wendy Lora lo hicieron para saber más del proceso. La profesional del derecho que representa al exdirector del CEA, Luis Piccirilo, lamentó la forma en la que el pasado funcionario fue detenido, al indicar que con solo citarlo acudiría hacia las autoridades porque estaba en la disposición de hacerlo.

En ese sentido, manifestó que el protocolo que utiliza el Ministerio Público tiene que revisarse, en especial cuando se trata del arresto de una persona vinculada a un delito económico y sin antecedentes penales.

Otros de los abogados que se apersonaron en el lugar fueron Blas Minaya, que representa a Emil Dávila Fernández y Emery Rodríguez, que defenderá en el proceso al pasado ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

Asimismo, a la Procuraduría General de la República (PGR) acudieron los juristas Eduardo Núñez, Ambiórix Urbáez y Emil Chahin, quienes rehusaron hablar con los periodistas que estaban apostados en la entidad.

También asistió a la sede del órgano persecutor, Norberto Rodríguez, que acompañó a Ángel Lockward a ponerse a disposición de la Justicia, porque estaba fuera de la ciudad cuando allanaron su residencia.

El abogado que junto a Carlos Escalante representa a Lockward, calificó de retaliación política el nuevo proceso judicial por considerar que lo que se busca es destruir a la oposición en el camino a las elecciones del 2024.

“Hasta ahora dentro de las personas que han sido detenidas hay figuras importantes de la política dominicana (…), vemos gente implicada que estaba dentro del Gobierno del PLD”, expresó.

Antes de ser detenido por las autoridades, Lockward aseguró a los medios de comunicación que nunca ha lavado activos.

“No le di dinero al Penco para que vayamos estando claro (…), y me opuse al PLD durante ocho años”, expresó el exministro de Industria y Comercio, al tiempo que afirmó que uno de los que sí se beneficiaron con sus recursos fue el primer mandatario, Luis Abinader, al que apoyó en su camino para llegar a la Presidencia.

Inicio y hechos investigados

En febrero de 2021, Donald Guerrero fue interrogado en la Procuraduría General. Desde ese momento se dejó entendido que iniciaron una serie de investigaciones en su contra, sin embargo, no fue hasta agosto del año 2022 cuando comenzaron a salir a la luz pública informaciones relacionadas con el hecho.

En ese momento, se evidenció, mediante un comunicado interno, que la procuradora, Miriam Germán Brito, dio instrucciones a la directora de persecución, Yeni Berenice Reynoso, y a Wilson Camacho, director de la Pepca, para que le dieran a Donald Guerrero acceso a la carpeta fiscal de investigación en curso.

Ante la instrucción dada en marzo de ese año, Berenice Reynoso, solicitó a la procuradora Germán Brito modificarla debido a que todavía está bajo “reserva total”. En el comunicado enviado en abril del 2022 Reynoso planteó que “abrir de manera total la carpeta fiscal en esta etapa del proceso pone en riesgo la investigación”, porque Guerrero no había sido citado ni se le ha impuesto ninguna medida de coerción respecto a unas nuevas imputaciones.

Recurso en TSA

La Pepca soporta la investigación de las expropiaciones de terrenos en un informe de la Contraloría General de la República, que detectó los libramientos de pagos.

El informe fue atacado mediante recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por el abogado Ángel Lockward por entender que no se tramitó legalmente.

El pasado viernes, el Ministerio Público pidió ser admitido como interviniente forzoso en el proceso y que la Primera Sala del TSA se declare incompetente para conocer el proceso de demanda en nulidad del informe preparado por auditores de la Contraloría General sobre el pago de expropiaciones.

Sostiene que el informe recibido desde la Unidad Antifraudes cumplió con el proceso requerido y el órgano acusador ha actuado conforme a su competencia, “haciendo uso del documento en la sede penal, que es donde no quiere ir la parte demandante a discutir la validez de ese documento”.

Afirma que han sido infructuosas las estrategias de la defensa del abogado para debilitar la investigación en su contra, “hecho que se evidencia en su empeño por llevar al Tribunal Superior Administrativo elementos que se deben conocer en la jurisdicción penal”.

Reacciones

19,000 MM
La Pepca dice que el entramado de corrupción, desmontado, distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos y afectó a varias instituciones.

2021
Febrero Donald Guerrero fue interrogado en la Procuraduría General. Desde ese momento se dejó entendido que iniciaron una serie de investigaciones en su contra.