Abogados de Jean Alain y otros en caso Medusa tienen hasta 24 de febrero para preparar defensa
SANTO DOMINGO.- El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, dio un plazo de 60 días a los abogados de la defensa en Operación Medusa para que estos puedan realizar sus escritos de defensas con base en esas pruebas que fueron aportadas por el Ministerio Público como sustento de la acusación que fue presentada.
Asimismo, el juez realizó una serie de reposición de plazos para que el Ministerio Público pudiera asistir a las defensas en la visualización de sus pruebas, ya que alegaron que hay varios discos duros que han presentado problemas y no han permitido a los abogados acceder a las informaciones.
En ese sentido, el juez aplazó la audiencia preliminar para el próximo 24 de febrero de 2023, a partir de las 9:00 de la mañana.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso destacó la decisión del tribunal la extensión de los plazos de la audiencia y dijo que “se realizó conforme a los criterios razonables que el Ministerio Público externó”.
“El tribunal otorgó los plazos conforme a los criterios razonables que el Ministerio Público externó, porque realmente no había ningún sustento jurídico para posponer el proceso en los plazos en los que las defensas lo habían solicitado”, expresó Reynoso, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
En tanto, el fiscal Emmanuel Ramírez resaltó que, “tal como el Ministerio Público manifestó en audiencia, el plazo de un año solicitado por algunas de las defensas el tribunal consideró que era totalmente irracional”.
El órgano persecutor acusa a Rodríguez Sánchez de dirigir un entramado de corrupción administrativa mientras estuvo al frente del Ministerio Público en el período 2016-2020, que fue desmantelado con la Operación Medusa.
Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
