Dejan libres implicados caso KAF, MP apelará
La Oficina de Atención Permanente otorgó libertad pura y simple a Gregory Alberto Diplán Güichardo, y garantía económica a Juan Miguel Almonte Padilla, imputados por tráfico de armas en el caso KAF.
La medida fue tomada por la magistrada Yiberty Polanco, ya que el arresto del primero se hizo mediante una orden judicial con una dirección que no correspondía a donde la ejecutaron, y al segundo porque de acuerdo a lo que le encontraron, la ley establece que puede llevar el proceso desde su hogar, decisión que será apelada por el Ministerio Público.
La Fiscalía había solicitado imponer prisión preventiva por un año a los hombres arrestados en allanamientos en los que se incautaron armas de alto calibre y drogas, así como dinero en pesos y dólares.
Abogado Isidro Germoso consideró que la decisión del tribunal es la más justa, más apegada a la norma y al debido proceso de la judicial efectiva, ya que a través de la investigación y a través del uso del derecho del código y de la carta magna se demostró que fue ilegal el allanamiento que le practicaron Diplan Guichardo en Licey al Medio, por lo que le otorgaron la libertad pura y simple por no existir nada.
“En cuanto al caso que nos ocupa, el de Almonte Padilla, que era el que supuestamente negociaba esos fusiles y esas armas, se ha demostrado que tampoco ha tenido vínculo, le impusieron una garantía de $300000 a través de una compañía aseguradora, porque de acuerdo a la investigación, en una caja fuerte encontraron un arma de fuego ilegal, y ello amerita que con los presupuestos presentados ese ciudadano pueda llevar el proceso desde su hogar”, explicó Germoso.
En tanto que el abogado Ramón Estrella consideró que el juez actúa apegado a los preceptos constitucionales, que implican que el estado dominicano es responsable de garantizar los derechos a los ciudadanos, tiene que pasar por el filtro de la legalidad y de la constitucionalidad.
Dijo que su representado Diplán Güichardo estaba preso de manera ilegal porque fue aprendido en Moca, cuando un juez había ordenado que se allanara una casa en Santiago, por lo que la juez ordenó su libertad pura y simple, porque le violaron todos sus derechos fundamentales.
Dijo que el Ministerio Público tiene un plazo de 6 meses para hacer su rectificación, continuar el proceso.
