Cómo se inicia la investigación a Donald Guerrero
Santo Domingo. –La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución de la Procuraduría, investiga al exministro de Hacienda Donald Guerrero por los “tipos penales preliminares” de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos.
La Pepca inició una investigación a raíz de un informe de investigación especial presentado por la Contraloría General de la República, de fecha 23 de septiembre de 2021, sustentado en datos e informaciones extraídos de los sistemas internos de la Contraloría General de la República e informaciones certificadas por el Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional y la Dirección General de Impuestos Internos, entre otras instituciones.
“En el levantamiento realizado por la Contraloría General -indica- fueron identificados múltiples libramientos de pagos fraudulentos a terceros bajo la modalidad de supuesta deuda pública por concepto de expropiación de terrenos por la suma de 14,100,000,000 (catorce mil cien millones de pesos) por acuerdos transaccionales, de los cuales indica el informe que se pagaron la suma de 12,540,449,339.27 (doce mil quinientos cuarenta millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y nueve pesos) en un periodo de seis meses, comprendido entre enero a julio del año 2020.
Más aun, durante la investigación el Pepca indica que ha determinado que la afectación al patrimonio público es muy superior al indicado en el informe de investigación especial presentado por la Contraloría General de la República y que no solo han utilizado la modalidad de expropiación de terrenos parar lograr que el Estado erogue fondos a favor de la estructura de corrupción, sino que es un entramado de corrupción que utiliza distintas modalidades para lograr burlar los controles normativos y obtener los recursos económicos deseados”.
Según el documento, hasta el instante, los supuestos terrenos expropiados fueron identificados en distintos puntos de la geografía nacional: en Higüey, específicamente en el Parque Nacional del Este (Cotubanamá); Santo Domingo, una de las parcelas donde se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA); Distrito Nacional, en una parcela ubicada en la franja marítima del malecón; Santo Domingo Oeste, dentro de los terrenos donde se construyó el Merca Santo Domingo; y Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez.
El Ministerio Público, aseguró que los terrenos afectados por la investigación, por un valor total de 19,653,871,513.80 (diecinueve mil seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos setenta y un mil quinientos trece pesos), son los siguientes:
De acuerdo con el documento, el informe de investigación realizado por la unidad antifraude de la Contraloría General de la República, indica que en la mayoría de los casos se verificaron diversas incongruencias entre los nombres de las personas asentadas como los titulares de los derechos afectados por los decretos y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos, los cuales fueron asumidos como errores tipográficos por los técnicos evaluadores de los documentos, sin procurar que dichos errores fueran rectificados a través de los procedimientos establecidos en las leyes por las autoridades competentes, situación que también fue observada en los nombres y apellidos de los servidores públicos actuantes en las diferentes etapas administrativas para el proceso de pago.
El documento también sostiene que “en la investigación se ha determinado que los señores Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efrain Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma, están vinculados en el entramado de las concesiones de créditos donde se realizaban las mismas maniobras en diferentes instituciones de manera particular”.
Asimismo, “el investigado Donald Guerrero creó una estructura no gubernamental compuesta por los investigados Mimilo Jiménez, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efrain Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma, Ángel Lockward Mella, Ángel George Lockward Cruz, entre otros, para a través del Ministerio de Hacienda hacer procesos irregulares e ilegales de deuda pública y con ello desfalcar el patrimonio del Estado dominicano”.
