Reanudan conocimiento de medidas de coerción caso Cattleya
El Juez de Atención Permanente del Distrito Nacional intentará por tercera ocasión conocer medidas de coerción en contra de unas quince personas vinculada a una presunta red de tráfico y trata de personas, desmantelada mediante la Operación Cattleya.
Para la defensa de los imputados, la acusación del Ministerio Público (MP) está llena de imprecisiones y carente de pruebas contra los señalados en este caso.
Para algunos abogados como Carlos Nova, defensor de José Miguel Michel, principal imputado del caso, el órgano acusador no tiene elementos suficientes para lograr prisión en esta primera etapa.
El MP solicitó un anticipo de pruebas a través de la Cámara Gessell para algunas víctimas, así mismo continúa agregando imputados al expediente, lo que para algunos juristas esto es muestra de la debilidad del expediente.
En las afueras de la Sala de audiencia, familiares de los imputados esperaban el traslado de los acusados, quienes llegaron profesando su inocencia.
El Ministerio Público dice que las 80 mujeres que rescataron y que eran prostituidas en Santo Domingo y Bávaro tenían que pagar entre 3,000 y 4,000 dólares a la red que las trajo a República Dominicana, y una vez aquí, eran obligadas a prostituirse.
Las mujeres, de entre 18 y 23 años, eran retenidas en el Hotel Caribe, del Distrito Nacional, y en el Residencial Coco Real, en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
Además de la prisión preventiva, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo.
