Cárceles en construcción serán terminadas por el Ministerio de la Vivienda
Santo Domingo (EFE).- Las cárceles que se construyen en distintos puntos del país serán terminadas por el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), según un acuerdo entre esa cartera y la Procuraduría General de la República.
El objetivo es agilizar el traspaso de las construcciones de centros penitenciarios y, al mismo tiempo, regular posteriores proyectos en ese ámbito, según una nota de la Procuraduría.
Las políticas para la ubicación, diseño, construcción, equipamiento y seguridad de las edificaciones penitenciarias y correccionales serán regidos y supervisados por el Ministerio Público en coordinación con el Mivhed.
El Ministerio Público deberá proveer al de la Vivienda copias de los planos de cada una de las construcciones, estado de los costos o estado financiero de la obra y de los pendientes por pagar, así como copia de las observaciones de cada una de las obras ya iniciadas y del listado de los contratistas con sus correspondientes documentos contractuales, agregó la nota.
Además, deberá entregar copia de los procesos de compras de los cuales resultaron adjudicados los contratistas de las obras ya iniciadas y que se encuentran en proceso de terminación.
La Procuraduría tiene funciones específicas ajenas al ámbito de la construcción», por lo que «entendemos que resulta más factible para garantizar la agilización de los procesos y la inversión efectiva de los recursos públicos, que la construcción de recintos penitenciarios se ejecute desde el Ministerio de la Vivienda», señaló la procuradora general, Miriam Germán Brito.
Mientras que el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, señaló que la cartera que dirige «pondrá todo su empeño y su criterio técnico para sacar adelante los proyectos penitenciarios porque estamos consciente de su necesidad para establecer espacios adecuados para la rehabilitación de los privados de libertad».
Entre las cárceles en construcción figura Las Parras o La Nueva Victoria, complejo que empezó a levantarse en la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez como parte del cuestionado plan de humanización de los centros penitenciarios.
