«No hay espacio para impunidad»; afirma Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial

Santo Domingo. – El Comisionado para la Reforma Policial, José Vila del Castillo, advirtió este jueves que en la República Dominicana no hay espacio para impunidad y que los responsables de los lamentables recientes acontecimientos en los que se han visto involucrados miembros de la Policía Nacional, deben ser llevados a los tribunales sin dilaciones, aplicando los principios de excelencia que el Ministerio Público posee.
 
Sostuvo, durante una conferencia para anunciar medidas que puedan evitar maltrato y abuso policial, que la Policía, gracias al impulso irrestricto de la Presidencia de la República, al compromiso y participación de la sociedad civil, y al trabajo diario del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía, está siendo sometida a un proceso de transformación integral, coordinado desde la Comisión.
 
Mencionó que el proceso abarca nueve grandes ejes de actuación: Marco legal, Nuevas tecnologías, Planificación Estratégica, Recursos Humanos, Presupuesto y gastos, Política de Género, Educación, Comunicación y Capacidades Operativas.
 
Para cada uno de esos ejes se han conformado mesas técnicas que están llevando a cabo los trabajos de renovación directa de todos los procesos de actuación tanto legales, como burocráticos, técnicos operativos policiales y tecnológicos, de evaluación y de recursos humanos. Abarca tanto a la Policía Nacional como a Politur y la DIGESSET.
 
Manifestó que los asesinatos extrajudiciales han sido una práctica común durante todas las administraciones presidenciales dominicanas. Sólo en los últimos 16 años, agregó, los medios de comunicación reportaron 1,844 muertes por intercambios de disparos, lo que significa un asesinato cada tres días.
 
De total de esos casos, puntualizó, sólo 96 fueron sometidos a la justicia y, de ellos, solo terminaron en condena, 18.
 
Con relación a los reportes publicados sobre muertes por abuso policial durante el año 2022 registran 10 casos en 5 meses, una diferencia estadística notoria comparada con el pasado.
 
“Pero lo más importante que cabe señalar es que, en referencia a estos 10 casos, los funcionarios implicados están suspendidos y bajo investigación del Ministerio Público. No hay impunidad”, precisó.
 
Reconoció que todavía hay muchas cosas que cambiar, como las responsabilidades por omisión, la negligencia, las versiones erradas sin reconocer las equivocaciones, la lentitud de respuesta en contra de los marcos legales y los protocolos de actuación, y los abusos de autoridad deben ser erradicados.