Los bienes que en beneficio del Estado serán decomisados a Díaz Rúa y Rondón
Santo Domingo.- Luego de la sentencia que condena a 8 y 5 años de cárcel a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa y que absuelve otros cuatro imputados en el caso Odebrecht, las autoridades judiciales procederán al decomiso en favor del Estado dominicano de los bienes y asociaciones financieras de los dos condenados.
El empresario Ángel Rondón fue sentenciado a ocho años de cárcel, al ser hallado culpable de repartir los sobornos millonarios y de lavado de dinero. Mientras que el exministro Víctor Díaz Rúa fue condenado a cinco años de cárcel por lavado de dinero. Ambos tendrán que pagar, además, 200 salarios mínimos.
La sentencia de las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo ordena el decomiso a favor del Estado dominicano de los siguientes bienes de los imputados Díaz Rúa:
1- Inmueble en casa de Campo en La Romana, identificado como 50130671686.
2- Condominio en la Torre Caney.
3- Yate de recreo color azul, marca Pershing bautizado como “La Barbie”.
4- La sociedad Radiodifusora Sky Land.
5- La sociedad Albox S.A.
6- La Sociedad Inversiones Monttoba.
7-Varias cuentas de ahorros en dólares del Banco de Reservas.
Mientras que a Rondón le serán decomisadas las sociedades Lashan Corp., con registro nacional de contribuyente 1-30-10174-4.
También la empresa Constructores y Contratistas Conamsa S.R.L., con registro nacional de contribuyente número 1-01-62007-2, con registro nacional de contribuyente núm. 1-01-62007-2.
Asimismo, todos los bienes muebles e inmuebles y los productos financieros que registren en entidades de intermediación financieras y de valores, nacionales y extranjeras, conforme se enumera en el cuerpo de
esta sentencia.
El caso Odebrecht ha sido el mayor escándalo de corrupción juzgado en República Dominicana, el cual concluyó este jueves con tan solo dos condenas, y sin condenas a políticos, a excepción de Díaz Rúa, por recibir sobornos, a pesar de que Odebrecht admitió haber distribuido 92 millones de dólares en el país, a cambio de la adjudicación ilegal de licitaciones de obras públicas entre 2001 y 2014 y de la obtención de autorización parlamentaria para los préstamos correspondientes.
