Jurista Francisco Álvarez acusa partidos políticos de penetración narco en campañas electorales.
Santo Domingo.- El jurista y excoordinador de Participación Ciudadana (PC) Francisco Álvarez Valdez (Pacho), manifestó que la denominada operación Falcón convoca a todos los actores del sistema electoral a una profunda reflexión sobre la filtración del dinero del narcotráfico en los procesos electorales.
“Los partidos tienen la responsabilidad de hacer su propia investigación interna para ver de dónde proviene el dinero que usaron sus candidatos en la pasada campaña electoral, inclusive someterlos a la jurisdicción disciplinaria del partido antes de que el proceso penal siga desarrollándose y hasta de expulsarlos del partido si tienen evidencias”, explicó.
“Participación ciudadana ha estado solicitando también desde hace tiempo que los partidos sean declarados sujetos obligados en virtud de la ley de lavado de activos. ¿Qué significa ser sujeto obligado? Aquellos que son designados sujetos obligados la ley los obliga a realizar una investigación más profunda de los dineros que reciben”, indicó.
Álvarez Valdez manifestó que existen dos tipos de inmunidad en la Constitución para los legisladores, refiriéndose a congresistas señalados en el caso Falcón.
En una entrevista en el programa El Día, en Telesistema, canal 11, el abogado habló que, en el foro legislativo, el congresista puede hacer uso de la palabra, ya que existe una inmunidad de palabra a favor de éste.
Mencionó que la inmunidad parlamentaria impide que, durante la legislatura, un congresista pueda ser detenido.
Aseguró que las investigaciones y allanamientos a los diputados con autorización judicial puede continuar sin ningún obstáculo.
En torno al desarrollo judicial penal, Álvarez enfatizó que, a diferencia de un ciudadano ordinario, un legislador va directamente a la Suprema Corte Justicia (SCJ) ya que tiene jurisdicción privilegiada.
También se les recuerda que, la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, informó que este miércoles el Ministerio Público solicitará ante la SCJ la designación de un juez especial que lleve el control del proceso por tratarse de una jurisdicción privilegiada.
