Paseo por 36 años de diálogo: precios, derechos laborales y JCE, los temas centrales
Crisis que ha tenido el país desde el 1985 se han resuelto en el marco del diálogo, que ha traído grandes reformas
La historia de los últimos 36 años del país es una muestra de que de las grandes crisis nacen las grandes soluciones a través del diálogo y la concertación en los momentos difíciles, que han sido superados con importantes conquistas. Desde el 1985 hasta la fecha se contabilizan más o menos 15 crisis que se han resuelto a través del diálogo nacional que ha parido importantes reformas que van desde lo laboral, económica y políticas-electorales como poner fin a la reelección presidencial indefinida.
Ante la crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia de la covid-19, el presidente Luis Abinader ha convocado al diálogo nacional con una agenda de trece temas que busca impactar áreas como la seguridad social, el sistema de justicia y el sistema fiscal del país.
Antes hubo una crisis por la suspensión de las elecciones del 16 de febrero del 2020; una crisis económica por el impacto de la crisis financiera global del 2008; inestabilidad por la quiebra bancaria del 2003; situaciones de impasse en la JCE por falta de confianza en el órgano como ocurrió en el 2002 cuando fue elegido Manuel Ramón Morel Cerda. En la JCE también hubo crisis en el 1994 y en la década de los años noventa por desabastecimiento, inflación y reclamos de mejoras de los trabajadores. En la década de los ochenta por las medidas económicas que provocaron una poblada.
Antes de la pandemia, la última crisis que convocó al diálogo nacional y sentó en la mesa a los sectores en conflicto fue el impasse que generó la suspensión de las elecciones de febrero del 2020 con una ola de protestas gigantesca. Las conversaciones se hicieron bajo la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado y el Consejo Económico y Social.
El resultado de ese diálogo fue la creación de una comisión de acompañamiento a la Junta Central Electoral (JCE) para el montaje de las elecciones de marzo y julio. Además se designó un fiscal electoral para los delitos electorales.
Antes de eso, la última experiencia de diálogo nacional que tuvo el país fue en el 2009, convocado por el entonces presidente Leonel Fernández, según establece en la publicación “25 años de Diálogo y Concertación” de Núñez Collado por la crisis económica global del 2008 y se hizo bajo la denominación de Cumbre por la Unidad Nacional. Uno de los resultados de ese diálogo fue la aprobación de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que incluye tres grandes pactos: Educativo, Eléctrico, Fiscal. Solo está pendiente este último y figura en la agenda de 13 temas del diálogo en curso.
También se aprobó dar rango constitucional al CES que ya existía por el decreto 13/05 emitido por el presidente Leonel Fernández en el 2006.
En el 2006, para la puesta en vigencia del Seguro Nacional de Salud del régimen contributivo establecido en la Ley 87/01 de Seguridad Social, fue necesario el diálogo por las dificultades para que las partes se pusieran de acuerdo. El sistema de salud entró en vigencia en septiembre del 2007.
Producto de la crisis económica del 2003 y la quiebra bancaria, en el 2004, en el marco del Diálogo Nacional se creó la comisión mixta para la reforma tributaria para evaluar la situación de la economía y hacer una propuesta de reforma fiscal exigida por el Fondo Monetario Internacional. El resultado fue la promulgación de la Ley de Reforma Tributaria el 28 de septiembre de ese año que modificó aspectos como el anticipo, impuestos sobre la renta, propiedad inmobiliaria, multas, entre otros.
Antes de las elecciones del 2004, en medio de la campaña en el 2003, los partidos que iban a las elecciones firmaron la “Declaración de Compromiso” que abarcaba lo político-electoral, económico y social. Además se designó una comisión de seguimiento a los trabajos de la JCE que estuvo integrada por Núñez Collado, Rafael Perelló, Marisol Vicens, Celso Marranzini, Reynaldo Franco, Lisandro Macarrulla, José Joaquín Puello y Radhamés Mejía.
La crisis en la JCE fue por la designación de Manuel Ramón Morel Cerda que fue cuestionado por la oposición y el presidente Hipólito Mejía convocó un diálogo para resolver la situación. La decisión fue dividir la JCE en Cámara Contenciosa y Administrativa y aumentar a nueve el número de jueces.
Una crisis similar se presentó en el 1999 cuando el Senado escogió la nueva JCE y los partidos de oposición la objetaron. Para resolver el conflicto fue convocado el diálogo nacional y los partidos acordaron elevar de 5 a 7 el número de miembros de la JCE y una comisión de seguimiento integrada por José Joaquín Puello, José Miguel Bonetti, reverendo Manuel Estrella y Núñez Collado.
En el 1994 tuvo lugar la crisis electoral más profunda de los últimos 50 años que estuvo a punto de generar un vacío de poder porque el PRD y el PRSC se declararon ganadores y por denuncias de fraude electoral por parte del partido de gobierno. Se convocó el diálogo nacional y se recortó el periodo por dos años a Joaquín Balaguer, una reforma constitucional que prohibió la reelección presidencial indefinida, separó las elecciones, sistema de doble vuelta y creación del Consejo Nacional de la Magistratura.
La época en que inició el diálogo nacional
La poblada de 1984 dio pie al diálogo. Para ese año el país vivió una gran crisis por las medidas económicas restrictivas del gobierno, un hecho que, según monseñor Agripino Núñez Collado, generó una especie de trauma en la sociedad dominicana. En el 1985 se convocó el primer diálogo nacional propuesto por la Iglesia católica a través de la Conferencia del Episcopado Dominicano y tuvo como sede la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El resultado concreto de ese primer intento fue la iniciativa por un espacio de concertación y una reforma la Ley de Seguridad Social. Ese espacio continuó y en el 1986 una comisión acompañó a la JCE en el montaje de las elecciones; en el 1988 se logró un acuerdo por mejora salarial y otras entre trabajadores y empleadores; en el 1990 se logró el “Pacto de Solidaridad Económica” como respuesta a la crisis de desabastecimiento e inflación y en el 1992 la reforma al Código Laboral.
